PLATAFORMA DE LUCHADORES SOCIALES CONTRA LA IMPUNIDAD, LA  A JUSTICIA Y LA MEMORIA HISTÓRICA DEL PUEBLO BOLIVIANO.

¿Quiénes somos?

                           Bolivianos, que durante las dictaduras militares instauradas en nuestro país entre los años 1964 a 1982, hemos luchado desde nuestras organizaciones, estudiantiles, sindicales, académicas,  periodísticas y políticas, por la recuperación de la democracia.

                           En ese tiempo fuimos jóvenes idealistas que no hemos regateado ningún esfuerzo, hemos enfrentado muchos riesgos, persecuciones, pérdida de trabajo por despidos, pérdida de los derechos ciudadanos y la libertad individual, sufriendo detenciones en casas de seguridad, en cárceles y cuarteles, confinamientos en Madidi, Ixiamas, Pekin, Puerto Rico y otros lugares ubicados en la selva amazónica, o en la Isla de Coati en el lago Titicaca, sólo durante la dictadura del Cnl.Banzer mas de 4.000 personas fuimos expulsadas del país, o sea que fuimos exiliados, algunos de nuestros compañeros  entregaron la vida y varios  aún están desaparecidos.

                          Nuestros padres, hermanos, esposas, hijos han sido víctimas de hambre, discriminación y zozobra, porque no sabían del lugar donde estábamos, perdieron los medios de subsistencia que les dábamos, dando lugar a problemas sociales tales como divorcios, abandonos y orfandades.

                           Cuando ingresamos a la lucha NUNCA pensamos obtener alguna recompensa por nuestra decisión, pero ahora hay una ley que queremos que se cumpla.

Ley 2640 de 11 de marzo de 2004

                           Denominada de Resarcimiento a las víctima de la violencia política, en períodos de gobiernos inconstitucionales, ha sido promulgada por la obligación que tienen los Estados para reparar los daños que ha ocasionado la violencia que han ejercido sobre algunos ciudadanos y sólo debía ubicarse e identificarse a las víctimas por mandato de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y las garantías constitucionales bolivianas.

                             Lamentablemente el DS 28015 que reglamenta la Ley dice: “La carga de la prueba  está bajo al responsabilidad del potencial beneficiario...”  o sea que teníamos  que probar que estuvimos perseguidos, confinados, detenidos, exiliados en circunstancias en que no dieron crédito a las publicaciones de la prensa, llegando al extremo de exigirnos certificados médico forenses de las torturas   o declaraciones testificales de la represión ejercitada sobre nuestras personas, en contraposición y violación de la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. y en contradicción con el Art.

 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. que han

 establecido que la carga de la prueba corresponde al propio Estado..

                             El Art. 22 de la Ley establece la “colaboración pública” que obliga a los poderes públicos colaborar con la Comisión Calificadora, mandato

 que NO SE HA CUMPLIDO, el ejército no ha entregado información sobre las personas que tuvo bajo su custodia en los centros de confinamiento, en los cuarteles, en Chonchocoro, Viacha, Achocalla o en “casas de seguridad”, ni el

Ministerio de Gobierno ha entregado nómina de quienes fueron expulsados del

país imprimiendo en sus pasaportes el SELLO ROJO como señal para que no se

 les permita reingresar al país.

                            La última Comisión Calificadora denominada COMTECA ha  aprobado sólo 1714  casos con derecho a resarcimiento, y la Unidad  de Apoyo a la Gestión Social de la Presidencia está pagando a estos compañeros el 20 % de lo previsto en la Ley 2640,  las solicitudes presentadas fueron más de 6200, o sea más de 4500 han sido desestimadas, calificadas como no procedentes.

¿Por qué estamos en vigilia?

                         Desde el mes de marzo (por más de seis meses) estamos frente al Ministerio de Justicia, para que la opinión pública sepa que a ocho años de dictada,  no se ha dado cumplimiento a la intención original de la Ley 2640, pues se ha rechazado a la gran mayoría y a los calificados sólo se les ha abonado el 20%. Indignados por la indolencia de la burocracia estatal que no ha atendido nuestros reclamos hemos tomado la decisión de permanecer en vigilia bajo la consigna de  AHORA O NUNCA.

¿Qué pedimos?

1.- El cumplimiento de la letra y el espíritu  de la Ley 2640

2.- La reapertura  y un nuevo plazo para presentar nuevas peticiones.

3.- La revisión con carácter extraordinario y con participación de nuestras

      organizaciones de los casos rechazados

Solicitamos el apoyo de la opinión pública, de las organizaciones sociales, de los trabajadores, de la prensa, de los estudiantes, con pronunciamientos expresos porque la democracia actual es producto de nuestra lucha, que no sea Bolivia el único país que no respeta y no reconoce a sus luchadores sociales.